Ernest Cañada (Alba Sud)
Entrevistamos a Margalida Ramis*,
portavoz del GOB (Grupo de Ornitología y Defensa de la Naturaleza), sobre la lógica de las diferentes operaciones
desreguladoras que se están produciendo en las Islas Baleares en materia
ambiental y en la ordenación del territorio y cómo esto favorece los
intereses turísticos y especulativos sobre los de la mayoría de la
población.
Durante el año 2012, el gobierno del Partido Popular en las Islas Baleares ha impulsado varios cambios legislativos en materia ambiental, en un contexto generalizado de crisis y políticas de austeridad, que parecen estar orientadas a favorecer las inversiones privadas, especialmente en el ámbito turístico e inmobiliario, incluso en áreas que gozaban de cierto grado de protección. ¿Nos podrías explicar cómo ha sido esta secuencia de iniciativas y qué lógica parece estar operando?
Desde principios de legislatura, los diferentes responsables políticos
del Gobierno del Partido Popular han ido trasladando a la sociedad el
mensaje de que la protección es un impedimento para la inversión privada
y que ésta es casi la única que puede "salvar" la actual situación de
crisis generalizada. En base a esta argumentación, el Gobierno se ha
dedicado a impulsar iniciativas legislativas que han tenido como
consecuencia una desregulación total y absoluta del urbanismo y la
ordenación del territorio en las Islas Baleares. Una desregulación que
el GOB ha denunciado que se hace a la carta de los intereses privados de
agentes que siguen especulando con el territorio, ya sean grupos
promotores o entidades financieras. En este sentido se han aprobado la
Ley 7/2012 de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación
urbanística sostenible, que impulsa un urbanismo tercermundista porque
permite que núcleos sin servicios mínimos y sin infraestructuras básicas
sean a partir de ahora zonas urbanas, deja el suelo rústico como un
suelo libre y apto para edificar y favorece claramente infractores y
especuladores en cualquier lugar, incluso en zonas protegidas como Cala
Blanca, Es Guix o Muleta, y la nueva Ley 8/2012 de 19 de julio, del
Turismo de las Islas Baleares, que somete la ordenación urbanística a
los intereses turísticos vinculados a la especulación sobre el
territorio.
De alguna manera, estas iniciativas en el Parlamento balear están en sintonía con los cambios que ha promovido el gobierno del Estado por ejemplo con la reforma de la Ley de Costas. ¿Cuáles son los objetivos de esta reforma y qué implicaciones puede tener también por el litoral balear?
Con esta reforma, la ley pasa de ser una ley para la protección litoral
a una ley que protege determinados intereses económicos en el litoral.
Una característica común de todas estas iniciativas desreguladoras es la
introducción de excepciones sin ningún tipo de justificación técnica ni
sin ninguna valoración de las posibles implicaciones económicas, además
de la introducción de indeterminaciones que permite resolver la
aplicación de la normativa "según el caso".
¿Cómo puede afectar todo esto a Mallorca? La ley impulsa cambios en la
definición de los terrenos de dominio público, que se traducirá en una
reducción de estas zonas. En el caso de Mallorca a menudo hay
discusiones sobre las particiones. A partir de estas particiones se
miden las servidumbres de tránsito y de protección, donde se restringen
ciertos usos, especialmente los edificatorios. Una partición más cerca o
más lejos puede afectar a la edificabilidad de los terrenos de atrás.
Por otra parte, muchas dunas dejarán de ser de dominio público. Hasta
ahora en algunos lugares el dominio público incorporaba dunas
interiores, que ahora, justificantes que no son necesarias para el
mantenimiento de la playa, dejarán de formar parte de lo público. Un
error atendiendo que igualmente el mantenimiento de estas dunas tienen
efectos sobre las dinámicas litorales. Esto también tendrá consecuencias
a la hora de fijar la servidumbre de protección. Sitios como Es Trenc
podrían cambiar los deslindes del dominio público de forma notable,
reduciendo su alcance, prácticamente en la primera duna.
Las salinas volverán a ser privadas y en determinados casos se podrá
edificar de nuevo a 20 metros del mar. Con la modificación de la Ley de
Costas, se equipararía a suelos urbanos aquellos terrenos que tengan
servicios, o que formen parte de una zona transformada en un tercio de
su superficie. Este punto podía interpretarse como unos salida para
poder seguir las obras, por ejemplo de de Ses Covetes, Moli d'en
Regalado y tantos otros lugares.
Todo ello supone una clara desprotección del territorio, ¿hasta
qué punto es cierta la percepción que uno puede tener con esta ofensiva
en materia ambiental todo está nuevamente en juego?
Ahora todo depende de la capacidad inversora. El territorio, todo, está
de nuevo en venta y los espacios naturales se están mercantilizando en
detrimento de su conservación. Si surgen grupos inversores o iniciativas
privadas, tendrán el apoyo del Gobierno, independientemente de si
realmente las actividades o proyectos pueden tener consecuencias
positivas desde el punto de vista económico más allá del proceso de
ejecución de las obras y de la resolución de unos pocos intereses
privados. Uno de los casos más sonados, y que provocó una fuerte
movilización social, que encabezasteis desde el GOB, fue el del
municipio de Campos. ¿Qué implicaciones tiene la declaración de interés
autonómico que concedió el Gobierno de las Islas Baleares al proyecto de
construcción de un hotel de lujo junto al área natural de Es Trenc?
¿Cómo ha evolucionado este caso?
En estos momentos, el Ayuntamiento ha iniciado todos los cambios en su
normativa municipal necesarios para poder garantizar la viabilidad del
proyecto desde el punto de vista urbanístico. Sin embargo no se ha
presentado ninguna propuesta concreta del proyecto que se pretende
desarrollar. Todo ello parece ser un juego más de la especulación sobre
las posibilidades de urbanizar y edificar en estos terrenos sensibles
desde el punto de vista ambiental por su proximidad al área natural, de
la que debería impulsar un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) que en garantizara su conservación. Este Plan, debería incluir
los terrenos donde se prevé instalar el hotel como zonas tampón para
garantizar la preservación del área natural y por lo tanto se debería
impedir cualquier tipo de desarrollo urbanístico y mantener en el su
estado actual, es decir, totalmente virgen.
Pero por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de
Baleares, emitió una resolución obligando al propio ayuntamiento de
Campos a derruir los apartamentos que se habían construido en Ses
Covetes, en una lucha que duraba cerca de veinte años. ¿Cómo valoráis
esta resolución? ¿Qué implicaciones puede tener en el contexto que
acabas de describir de desprotección generalizada?
Sin duda se trata de una resolución que podemos calificar de
histórica y un hito crucial de la lucha ecologista en Mallorca. La
historia judicial de esta lucha deja bien claro que desde el ecologismo,
con perseverancia, rigurosidad y el apoyo de grandes profesionales que
colaboran con nuestra entidad –especialmente el grupo de abogados que ha
llevado el caso durante todo estos años de lucha y movilización social–
se pueden echar atrás barbaridades urbanísticas cometidas con la
complicidad y aval político. Pienso que éste debe ser el principal
mensaje que nos debe quedar en la cabeza después del 15 de mayo de 2013
que es la fecha límite que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares –TSJIB– ha puesto al Ayuntamiento de Campos para ejecutar la
demolición y restituir los terrenos al su estado original. Pero el caso de Campos no es el único. Se suceden los anuncios de proyectos turísticos, como hoteles, puertos deportivos, parques temáticos o campos de golf. Parece que, a pesar de la crisis, hay una auténtica fiebre urbanizadora en las islas. ¿Es real todo esto? ¿Qué valoración haces de esta nueva empuje constructora?
Se trata de un juego de poder y especulación: proyectos fantasma
aparecen y desaparecen para ver "cómo está el terreno", no sólo el
territorio sino también el "terreno político": es decir, pretenden medir
hasta dónde se puede presionar para conseguir seguir impulsando las
dinámicas propias del capitalismo más duro a costa del territorio y la
sociedad. En este juego, promotores y entidades financieras juegan
fuerte y desgraciadamente reciben todo el apoyo y complicidad de unos
políticos que son incapaces de reinventarse para ofrecer alternativas
reales. Al contrario, repiten los mismos errores, desacreditando la
actividad política, rindiendo culto a la corrupción y alejado a cada vez
más de la sociedad por su inoperancia, ineptitud e intereses no
transparentes.
Por si fuera poco, en Mallorca recientemente se ha puesto en
marcha un proyecto de importación de residuos con el que alimentar la
planta incineradora de Son Reus. ¿Quién está detrás de esta iniciativa y
a qué responde? ¿Y qué impactos ambientales puede tener?
En Mallorca en 2007 se autorizó la construcción de una
macroincineradora sobredimensionada respecto a las necesidades reales de
Mallorca, pagada con dinero público, para impulsar el negocio que la
empresa privada TIRME –empresa propiedad de Enel Green Power, Iberdrola,
FCC y Urbaser (filial de ACS)– hacía con la construcción de la
infraestructura y posteriormente con la quema de residuos y la
producción de energía eléctrica.
Así en Mallorca, la gestión de los residuos quedó sometida a las
ganancias e intereses de una empresa privada, con la que el Consejo
firmó un contrato en términos de concesión de un servicio público, de
acuerdo con el cual TIRME no tiene límites en sus márgenes de beneficios
ya través del cual se pactó una fórmula para la tarifa que pagamos los
ciudadanos en la que TIRME nunca pierde y que siempre crece a pesar de
las incineradora funcione al 100% de su rendimiento (a pesar para ello
necesite importar residuos). Un futuro que quedó blindado y hipotecado
hasta el año 2041.
Ahora nos venden como necesaria la importación de residuos y lo visten
con eufemismos (combustibles sólidos recuperados, exportación de
servicios ambientales, valorización energética ...) y falsedades
(producción de energía renovable, disminución de la emisión de gases
efecto invernadero, generación de puestos de trabajo ....). En realidad
se trata de un negocio de compraventa de residuos para garantizar las
ganancias de TIRME que, pese a la crisis, cerró el 2012 con un 23% más
de beneficio que el año anterior, exportando a la población mallorquina
la contaminación vinculada al proceso de incineración del agua, el aire y
el suelo y la emisión de partículas cancerígenas que científicamente
está demostrado que incineran en los casos de muertes por cáncer y en la
incidencia de otras patologías graves. ¿Y hasta qué punto este tipo de iniciativa es contradictoria con el mismo proceso de especialización turística de las Islas? ¿Cómo se entiende? ¿Qué escenario prevéis?
Obviamente, convertirnos en el estercolero de Europa no es una imagen
muy atractiva desde el punto de vista turístico. Buena muestra de ello
son las reacciones que ya ha habido en algunos medios internacionales
que han calificado el tema como "un atentado en la isla".
Sólo se entiende desde la lógica de los beneficios de la empresa
concesionaria. En esta perversa operación, es la única que sale ganando,
por tanto, o se revisa toda la relación contractual con esta empresa y
se abordan las cláusulas que rigen esta concesión del servicio público o
Mallorca tiene el futuro hipotecado ambientalmente, turísticamente,
económicamente y obviamente también desde el punto de vista de la salud
pública.
Tras este repaso, todo parece indicar que con la coartada de la
crisis, determinados sectores estén atreviendo a hacer cosas que pocos
tiempo atrás serían inimaginables. ¿Qué balance haces? ¿Qué supone esto
para el movimiento ecologista y para el GOB en particular?
Efectivamente, cuando la crisis parecía que representaría una
oportunidad para rectificar los errores cometidos en el pasado y
redefinir las bases para un nuevo orden económico, desde la política se
apuesta por dar continuidad a una lógica perversa protegiendo los
principales culpables de la actual situación y dejando cada vez más
vulnerables del territorio, el medio ambiente y las personas. De esto
último son claros ejemplos del escandaloso rescate a la banca o la
reforma laboral impulsada por el gobierno Rajoy o los recortes de
derechos laborales obtenidos tras décadas de lucha social obrera, o la
precariedad de las relaciones contractuales de la gente que viene a
nuestro pequeño país buscando una manera digna de vivir ... todo ello
obliga al movimientos sociales a trabajar conjuntamente contra las
raíces de esta crisis, porque son las mismas las que provocan el
deterioro ambiental, social y democrático.
El movimiento ecologista debe ser capaz de construir alternativas
reales desde la calle mientras continúa el trabajo de incidencia
política, consciente pero que la realidad política que pretende cambiar
ya no es susceptible de ser negociada a la baja, sino que hay que ser
reinventada desde las bases, desde la sociedad y por lo tanto desde el
activismo que cree en la revolución como camino hacia la esperanza de
que efectivamente "otro mundo es posible", y ahora ya, imprescindible. * Licenciada en Física por la Universidad de las Islas Baleares (1999), Margalida Ramis ha
trabajado en los ámbitos de la gestión energética y de los residuos y
actualmente es la portavoz y responsable de campañas de Territorio y
Recursos del Grupo de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB),
grupo ecologista de referencia en las Islas Baleares. Inició los
estudios de tercer ciclo en el departamento de Geografía de la UIB como
miembro del Grupo de Investigación Sostenibilidad y Territorio (GIST).
Ha sido presidenta-fundadora de la ONG, Ingeniería Sin Fronteras de las
Islas Baleares y se ha movido y participado en diversos ámbitos de los
movimientos sociales en Mallorca: cooperación, cultura, lengua y
territorio. |